Esta iniciativa fue presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en presencia de todo el Gabinete y de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santiago del Estero, Salta, Río Negro, Corrientes, Formosa, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Mendoza.
Uno de los puntos principales del proyecto es la creación de una nueva licencia nacional de conducir y la implementación de un sistema de puntaje, con criterios unificados para todo el país. Esto significa que a partir de agosto, cuando sea promulgada la nueva ley, todos los conductores de la Ciudad de Buenos Aires recibirán un crédito de 20 puntos, que irán perdiendo a medida que cometan infracciones. Cuando malgasten todos los puntos, se les retirará la licencia, mientras que por cada falta deberán pagar una multa económica.
Entre varias otras medidas de control y prevención, se destaca la propuesta de un sistema automatizado de control de velocidad que incluirá la radarización de rutas nacionales y autopistas, y el control automático de velocidad en las estaciones de peaje, mediante aparatos que disciernen la velocidad de cada vehículo entre dos estaciones. Y también, la creación de un observatorio vial, entre cuyas funciones estaría la de requerir mayor seguridad para los vehículos nuevos: se solicitará que incluyan alerta sonora de colocación del cinturón de seguridad, doble airbag y frenos con ABS.
